El Estado debe fomentar y proteger el cooperativismo, no distorsionarlo. Por Pedro Aguer.

Muchas veces nos encontramos en la encrucijada de emitir una opinión sobre las cosas que suceden promovidas desde el gobierno.

Ello nos obliga a proceder con prudencia para evitar malos entendidos.

Con estricta fidelidad, nos proponemos describir la realidad por la que atraviesan las cooperativas de trabajo usadas como si fuesen un anzuelo, en vez de herramientas solidarias para superar en alguna medida el problema de la desocupación y del desempleo que confluyen en agudizar las consecuencias de la falta de fuentes de trabajo, un flagelo que ningún gobierno ha logrado erradicar.

El clientelismo sigue en aumento. Pero ahora se lo trata de solventar distorsionando el fin del cooperativismo, con la puesta en marcha de un plan prefabricado para cubrir apariencias, de una real carencia de fuentes de trabajo de carácter particular, haciendo aparecer a los asociados como monotributistas ¿…?, pagándoles un “sueldo”, en cooperativas formadas sin una necesidad sentida por parte de quienes las integran.

De este modo se distorsiona también la doctrina cooperativa que consiste en aportar primero el esfuerzo para obtener el beneficio después. No al revés.
El Estado debe, en Entre Ríos, fomentar y proteger las organizaciones solidarias, en concordancia con lo establecido por la Constitución Provincial y es obligatorio, porque la ley provincial 7583 determina promover la enseñanza del cooperativismo en las escuelas; utilizando en caso de ser necesario los fondos según lo establece la ley nacional 23.427 que respalda tal acción.

Resulta extraño que la Provincia cuente con un Instituto de Promoción Cooperativa y Mutual y que se cree una coordinación que dependa directamente del Gobernador, para que tenga que ver con las cooperativas de trabajo del plan “Argentina Trabaja”, si para el contralor correspondiente está el Instituto, que es el Órgano Local Competente para la aplicación de las leyes de cooperativas (20.337) y de mutuales (20.321). En fin, una superposición de funciones: más burocracia y, en consecuencia, un contrasentido desde todo punto de vista.

Cuando hablamos de educación cooperativa nos referimos a que ésta debe abarcar naturalmente a los asociados y a las personas que trabajan en las empresas de este carácter, pero es también necesario que quienes legislen o quienes forman y dictan normas vinculadas al sector se instruyan e informen para no entorpecer, ni tergiversar los beneficios que se podrían construir a través del cooperativismo, que no es para nada bien tratado cuando se lo somete a fines electorales, sin medir el daño que significa cada fracaso, no sólo a los involucrados en particular sino al movimiento en general.

¿Quién que fuera bien nacido se podría oponer a que haya trabajo para todos?, pero para ello no es lo adecuado generar falsas expectativas ni avanzar equivocadamente sobre una forma de organización de la economía social que tanto tiene para reparar de lo destruido por el neoliberalismo, contra el que no sirve solamente decir que hizo estragos sino combatirlo. Una herramienta de primerísima calidad para ello es la empresa cooperativa responsable y conscientemente constituida.

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